Nueva subida de la luz como consecuencia de la reforma eléctrica
La reforma del sector eléctrico presentada hoy en rueda de prensa por el ministro de industria José Manuel Soria no ha dejado satisfecho a nadie: ni asociaciones de consumidores, ni las eléctricas, ni los empresarios de energías renovables han quedado satisfechos con la nueva propuesta.
El enésimo intento por hacer desaparecer el denominado «déficit de tarifa«, el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema eléctrico español que ya alcanza los 27.000 millones de euros, «ha generado tensiones» según ha reconocido el ministro, matizando a continuación que dichas tensiones no han sido entre miembros del Ejecutivo sino entre el Ejecutivo y el sector eléctrico.
La propuesta para hacer desaparecer los 4.500 millones de euros anuales de déficit consiste en cargar 900 millones a los presupuestos generales del estado, conseguir 900 millones más de ingresos aumentando la tarifa eléctrica, y reducir los costes 2.700 millones actuando a la baja sobre el transporte y la distribución eléctrica, y las primas a las instalaciones de generación en régimen especial basadas en energías renovables.
Los consumidores han vuelto a poner el grito en el cielo ante la perspectiva de una nueva subida inmediata del 3,2%. Ésta se sumaria a la reciente del 1,5% producida por el incremento del precio de generación de la electricidad en la última subasta CESUR. A pesar de ser desde hace tiempo uno de los países europeos con la electricidad doméstica más cara (solo superados por Chipre y Malta, islas donde siempre es más costosa la generación de electricidad), los consumidores españoles han sufrido ya un aumento del 8% en el precio de la luz desde principios de 2012, que alcanza el 70% si el periodo analizado se extiende los últimos 10 años.
La empresas del sector amenazan con una bajada en la calidad del suministro ante la bajada de ingresos en los sectores de transporte y distribución de la energía eléctrica, lo que provocaría, según la patronal eléctrica, una práctica paralización de las inversiones.
Los pequeños empresarios de instalaciones de energías renovables, que ya han sufrido fuertes recortes en las primas que el Estado acordó para aquellos que invirtiesen en estas tecnologías tan favorables entonces, según la publicidad que el propio Estado hacia, a los intereses del país, vuelven a ver variado su régimen retributivo. Esta vez se ligará al Tesoro, los que según fuentes del gobierno les garantizará una rentabilidad cercana al 7,5%.
Para evitar que el «déficit de tarifa» se consolide como algo perenne e inherente al sistema eléctrico español, la reforma pretende establecer un mecanismo de revisión de peajes en los que los aumentos de costes provoquen incrementos «automáticos» en la parte de los ingresos. Hasta ahora el gobierno solo podía actuar sobre la parte regulada del sistema (los denominados peajes) y era decisión suya si subir o mantener los peajes ante aumentos de costes en el sistema, decisión que siempre ha sido tomada por todos lo gobiernos sean del cariz político que sean bajo una perspectiva puramente política y nunca basada en criterios técnicos o financieros.
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